Nuestra Constitución Española de 1978, aprobada el 27 de diciembre, y según se desprende de los artículos 44, 46, 49, 50, dentro de los principios rectores de la política social y económica, nos recuerda que la cultura es patrimonio de todos, pero que, sin embargo, existen unos poderes públicos, llámese Ministerios, Autonomías, Ayuntamientos y demás que se ocupan de garantizar o "tutelar" el acceso a la cultura, palabra mágica que como muchos pedagogos han empezado a comprender, va mas allá de la educación aunque también la incluya, es el "aprendizaje durante toda la vida".

Con lo anterior quiero decir en palabras mas llanas que la cultura, al igual que las fuentes del poder (la soberanía) emana de abajo, es decir, de la ciudadanía (como bien indica el art. 23 de la Constitución sobre participación directa) y no como pretenden algunas personalidades que se impongan por "autoridad", ya sea moral, religiosa, científica, administrativa, etcétera.

En el caso de las Bibliotecas Públicas, en mi opinión y parecer como ciudadano, se deberían abrir más al conjunto de sus usuarios y tener como constumbre recoger todas sus indicaciones, inquietudes, peticiones e incluso hacerles participar en la misma administración y gestión de las denominadas Bibliotecas Públicas.