Desde hace unos años, el reto impuesto por las nuevas tecnologías ha requerido un impulso decisivo de la e-administración por parte de las administraciones públicas, hecho que se ha plasmado en los archivos públicos posicionándolos en una auténtica encrucijada: por un lado seguir siendo depositarios y custodios del patrimonio documental con vitela de antigüedad -centros de conservación y pervivencia de la memoria-; por otro, configurarse como unidades imprescindibles en la gestión en las instituciones y de cómo estas se organizan -centros y unidades que coordinan la gestión documental, custodiando los documentos en cualquier soporte y garantizando el servicio, incluido el de los documentos electrónicos, responsabilizándose de su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad-. En definitiva, podríamos decir que apostar por salir de esta encrucijada significa entender los archivos administrativos como unidades fundamentales en la configuración de las organizaciones actuales, incardinadas en sus actuaciones administrativas con sus cambios y actualizaciones.