El acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos vinculado a las políticas de los regímenes democráticos. Para el ejercicio de este derecho es necesario que los gobiernos impulsen políticas activas en la elaboración de leyes que promuevan la libertad de información y, al mismo tiempo, que fomenten la sensibilización de la ciudadanía hacia el conocimiento de la información pública. En el mismo sentido, desde la iniciativa ciudadana y en cualquier ámbito de la vida pública debe pedirse a los gobiernos que fomenten una legislación sobre el acceso a los documentos públicos como medida que facilite la transparencia de las administraciones públicas, y en especial que promuevan la normativa que afecta a las leyes de secretos oficiales. Una de las medidas de fomento recomendables sería que el legislador preveyera también los mecanismos de desclasificación de los documentos de forma que permita a la ciudadanía conocer el plazo límite de reserva de los documentos públicos, sobretodo cuando la exigencia democrática o la defensa de los derechos humanos afecta a casos flagrantes de nuestra sociedad.