Si no es por la calidad de la democracia, al menos que sea por dinero. Con ambos objetivos, la Comisión Europea propondrá hoy una reforma legal que obligará a los países a abrir sus archivos y hacer públicos todos los datos recogidos a todos los niveles de la Administración, con excepción de aquellos que ya estén protegidos por el derecho a la privacidad o que sean sensibles para la seguridad nacional.

Bruselas recuerda que el derecho a saber pertenece a los ciudadanos, pero calcula además que un acceso abierto a datos y documentos públicos podría traducirse en unos beneficios directos e indirectos de hasta 140.000 millones de euros al año en la UE. "Tus datos tienen más valor si son accesibles, así que empecemos a liberarlos ya", porque "los contribuyentes ya han pagado por esta información y lo mínimo que podemos hacer es devolverlos a aquellos que quieran usarlos para crear crecimiento y puestos de trabajo", tiene previsto decir hoy la comisaria a cargo del sector de las telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un discurso al que ha tenido acceso este diario.