El Ministerio de Cultura se posiciona contra el copyleft

El libro electrónico merece una reflexión. No se trata sólo de una percepción por parte de la opinión pública, sino de una opinión del Ministerio de Cultura. A tal efecto, la entidad que dirige Ángeles González-Sinde puso a trabajar, a través del Observatorio de la Lectura y el Libro (dependiente a su vez de la Dirección General del Libro), a un grupo de expertos que, tras unos meses, ha elaborado un informe titulado «El libro electrónico» que acaba de hacerse público. Pues bien, la llamativa conclusión a la que llega este «Grupo de trabajo sobre el libro electrónico» es que las licencias Creative Commons son contraproducentes para el futuro de la industria editorial en general y para los autores en particular.

Lejos de mostrar ambigüedad o incluso prudencia ante un tema que se presume fundamental para el futuro de la Cultura, en el apartado de «Nuevas Licencias» el informe se refiere a las de tipo Creative Commons como aquellas «orientadas a contenidos de tipo artístico, alternativas a la propiedad intelectual, prediseñadas y que permiten que el usuario pueda utilizarlas, modificarlas y redistribuirlas». Este grupo considera además, una vez hecha tan particular definición de las licencias copyleft, que su utilización implica «perder el control de la obra, ya que su difusión masiva hará que existan cientos de potenciales licenciatarios».

Instruidos en materia legal por Marta García León, profesora de Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid (y para más datos actual asesora del Gabinete de Sinde e hija de Rosa león), los portavoces del Ministerio de Cultura ponen en duda la naturaleza contractual de las licencias Creative Commons hasta el punto de afirmar con rotundidad que hay determinados derechos cuyo ejercicio sólo corresponde a las entidades de gestión. La presencia de estas entidades en el documento es tan frecuente que incluso se les insta a «hacer efectivos estos derechos de remuneración aunque el autor hubiera decidido regalar su obra o no cobrar las cantidades recaudadas a su nombre».

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