El debate ha vuelto a reabrirse a raíz de la eliminación de las tarifas del canon digital. En las bibliotecas, la noticia sirve para volver los pasos sobre el debate del canon en las bibliotecas. La recaudación roza el millón de euros anual. Blanca Calvo, directora de la Biblioteca, impulsó la Plataforma Bibliotecarios Contra el Canon. La crisis “llevará a replantearnos el modelo de propiedad intelectual”, dice. El Ministerio de Cultura es quien paga por los libros prestados en la Biblioteca guadalajareña.

¿Considera justo que el Ministerio de Cultura tenga que pagar 0,20 euros por cada libro prestado en la biblioteca de su barrio, de su ciudad? “No”, dice Isra, a sus 16 años, en el patio central de la Biblioteca Pública de Guadalajara. “Es un servicio público”. Tras el mostrador, Eva, bibliotecaria, asiente: “Las bibliotecas te permiten conocer cosas que no te
comprarías y luego vas a por ellas o conoces autores. Los lectores acaban comprando o regalando. No quita ventas a los autores”.

La guerra contra el canon bibliotecario no ha terminado pese a que la batalla actual se libre más en internet y en el terreno de las nuevas tecnologías. De hecho, la Audiencia Nacional anulaba la semana pasada las tarifas del canon digital por considerar que la orden ministerial nació sin haber pasado ciertos trámites. Y Google recibía un varapalo judicial, que le impedirá ampliar ‘Google Books’.

El pago de los derechos de autor toca de lleno también al papel y, de manera directa, a las bibliotecas, que prestan desde novelas hasta películas. “La lucha contra el canon sigue abierta”, afirma a EL DIA Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara e impulsora de la Plataforma de Bibliotecarios Contra el canon, pese a admitir “desilusión en el grupo de bibliotecarios de la Plataforma porque hemos perdido una batalla, que no la guerra”.

En la actualidad, Cultura paga los libros que se prestan en la Biblioteca de Guadalajara, al ser de titularidad estatal. Desde 2007, la Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas regula la remuneración para los autores por el préstamo de sus obras – las bibliotecas escolares y las públicas de municipios con menos de 5.000 habitantes no tienen que pagar–. Lo obligaba desde 1992 una directiva europea, por lo que España tuvo que pagar una millonaria multa.