Una directiva europea de 1992 obligó al pago de los derechos de autor a las bibliotecas de la Unión. En octubre del año 2006 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no haber transpuesto correctamente el contenido de esa directiva al marco legal español, que en la práctica eximía de generar este pago a los préstamos realizados en todas las bibliotecas que ofrecen este servicio. A raíz de esta sentencia, este sistema comenzó a tramitarse en el 2007, aunque apenas unos pocos ayuntamientos y comunidades españolas abonan los 0,20 céntimos de euro establecidos por cada libro en préstamo.

Contra esta tasa, gestionada a través de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos, también ha arremetido la Federación Riojana de Municipios. Varona entiende que «el fin de las bibliotecas municipales es la promoción de la lectura» de forma que muchas de las obras de los autores que figuran en las estanterías sean conocidas por el público en general. «De otra forma, una persona que entra en una librería puede que nunca se compre ese libro», asegura el presidente de la FRM.

También considera contradictorio que «por un lado se nos esté diciendo que tenemos que promover que los jóvenes lean y por otro nos están haciendo pagar tasas por aquello que nos dicen que hagamos».