El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Cultura sobre el Anteproyecto de Ley de Depósito Legal que tiene por objeto, además de dar cumplimiento a la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, adaptar la regulación del depósito legal, tanto a la realidad del Estado Autonómico, como a los cambios del mundo de la edición, con la aparición de nuevos soportes y de los documentos digitales en red.

El depósito legal, inicialmente concebido sólo como una figura de control bibliográfico nacional, ha pasado a configurarse en los Estados democráticos como un servicio público gratuito al sector editorial para suministrarles originales de obras en dominio público; como una garantía de la libertad de expresión y del acceso a la información de los ciudadanos y, con el advenimiento de la sociedad del conocimiento, como una pieza del desarrollo económico y social de un país.