En respuesta a una pregunta realizada por el senador Mario Bedera, el titular de Justicia señaló que una de sus prioridades es la consecución de una justicia tecnológicamente avanzada, con un nivel de calidad semejante al de otros servicios electrónicos.

Para ello, el pasado 20 de abril el Ministerio de Justicia firmó un convenio con el de Industria y Comercio que facilitará la inversión de 88,5 millones de euros para modernizar tecnológicamente la administración de Justicia. Se busca facilitar la declaración a distancia de testigos y peritos, avanzar en la eliminación del papel en los procesos judiciales o digitalizar los registros civiles, según ha explicado Caamaño en la cámara alta.

Este convenio ya ha sido puesto en marcha en el territorio del Ministerio pero debe aplicarse también en aquellas comunidades con competencias en Justicia.

Así, anunció que en los próximos días se firmarán diferentes convenios en este sentido con Cantabria, Asturias, Navarra y Andalucía y se ultiman los de Aragón, Cataluña y Valencia.

Finalmente, en respuesta a una cuestión planteada por la senadora Susana Sumelzo, también del grupo parlamentario socialista, sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio de Justicia para mejorar la protección judicial en el ámbito social, Caamaño se refirió a la aprobación del proyecto de ley regulador de la jurisdicción social que se presentó el pasado viernes en el Consejo de Ministros.